FUENTE: LA TERCERA

El gerente de la filial local de Uber, Federico Prada (alumni MBA UDD), dice que los requisitos de cilindrada y antigüedad expulsarían de la plataforma a cerca de 57 mil choferes afiliados. Pese a ello, dice, Uber no dejará Chile. Sí pide con urgencia a las autoridades crear una mesa de trabajo para mejorar la propuesta del gobierno. “Ministro, no eche a perder la ley”, reclama.

Uber es el mayor actor de la industria de aplicaciones móviles de transporte de pasajeros en Chile y dice no tener déficit operacional. Está presente desde Arica a Punta Arenas y entre sus 118 mil conductores afiliados, un 15% de son extranjeros. Pero esa cifra está amenazada, dice el gerente general de Uber Chile, Federico Prada (36), sobre el impacto que tendrá el borrador de reglamento que presentó el Ministerio de Transportes en septiembre sobre la ley que regula las aplicaciones móviles de transporte de pasajeros.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad del Desarrollo, quien asumió el cargo en diciembre de 2022, asegura que los requisitos que establece el reglamento -cilindrada de 1,4 litros y antigüedad máxima de 7 años para los vehículos, en la primera inscripción, que regirá por 18 meses- provocará que uno de cada dos conductores no podría seguir en la aplicación. Unos 57 mil choferes. También, que elevaría a casi el doble los costos por viaje, y en zonas como Iquique y Punta Arenas, su operación sería inviable. Prada pide al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, crear una mesa de trabajo para mejorar la propuesta del gobierno.

¿Cómo ha evolucionado el negocio de Uber en Chile?

Estamos en Chile desde hace casi 10 años y somos un actor muy importante de la movilidad en las ciudades, pero lo que nos convoca es la sorpresa y preocupación que provoca el reglamento presentado por el Ministerio de Transportes de la ley de aplicaciones de transportes, mal llamada Ley Uber. A través de una reglamentación, se está echando a perder lo bueno que venía de la ley. Venimos trabajando desde el primer día de la ley, pero el reglamento limita la posibilidad de los conductores de generar ganancias flexibles y de manera independiente. También impacta desde un punto de vista al empleo, inversiones y movilidad.

¿Quiénes serían los más afectados?

Si el reglamento entra en vigencia tal cual como está, se impacta a más de 2,2 millones de usuarios y a más de 57.000 conductores. El 27 de septiembre se promulgó un borrador del reglamento que establece el ideal de lo que el Ministerio de Transportes busca que se aplique en la ley, pero no concuerda con su espíritu. La ley fue discutida en tres gobiernos distintos y se llegó a buen puerto, pero el reglamento está yendo en dirección contraria. Establece una serie de limitantes a la antigüedad de vehículos y su cilindrada. También se crea un registro de conductores e incluso vulnerando potenciales derechos laborales.

Nos parece inadmisible que el gobierno quiera destinar más de $1.500 millones de la partida de presupuesto de 2024 a la implementación de esta ley. Eso corresponde a lo que costaría la implementación del Plan Calles Sin Violencia en 45 comunas del país.

¿La puesta en marcha del reglamento afecta a todas las aplicaciones por igual?

Afecta a todas las aplicaciones. No sé si por igual, pero todas tenemos el mismo temor por sus limitantes. Es decir, los criterios de cilindrada, antigüedad del vehículo, límite a la cantidad de conductores que puedan ser parte del registro, prohibición de flotas eléctricas y a la vez una burocracia estatal, donde cada autorización debe pasar por las Seremías locales, limita hoy en día como funciona nuestro servicio. Este servicio está funcionando bien.

¿Cuántos son los vehículos que forman parte de la flota de Uber en transporte de pasajeros?

Son más de 118 mil conductores que generan ganancias a través de la plataforma de Uber.

Con la puesta en marcha de la ley, ¿cómo podría afectar esto? ¿El número podría reducirse?

Uno de cada dos quedaría fuera.

¿Es decir, la mitad?

Sí, serían más de 57.000 vehículos, representando el 48,4% del total. Esa la estimación que tenemos del impacto derivado por las restricciones de cilindradas, antigüedad de vehículos y otros que vienen del reglamento.

¿Eso significaría una reducción de su operación en Chile?

Eso limitaría y representaría medio punto porcentual de desempleo. El servicio sería distinto. Habría zonas en las que no podríamos operar. Déjame darte un ejemplo: si el reglamento se pone en vigencia como está, más del 90% de los viajes de Punta Arenas no se harían y lo mismo ocurriría con el 87% de los viajes que se realizan entre Alto Hospicio e Iquique. No se harían por el tema de la cilindrada en particular. Ocurriría lo mismo con los viajes de Talagante y Melipilla. Impacta viajes, empleos, disponibilidad del servicio, pero también a usuarios.

¿Y cuánto se encarecerá?

Para Uber, obviamente hay un impacto, pero la empresa no se irá del país. Tenemos diferentes líneas de negocios. Hoy están en juego los puestos de empleo de los conductores. Son más de 118 mil conductores activos y más de 2,2 millones de usuarios utilizan el servicio mensualmente.

Está en peligro la movilidad, no la presencia de Uber en Chile. Está en peligro la fuente de empleo y lo que estamos intentando de empujar es: “ministro, no eche a perder la ley”. “Ministro: de manera urgente cite a una mesa de trabajo en la que nos incluya y a todas las autoridades de la industria que sea un reflejo de lo que es hoy en día la operación sin limitar todo lo que he mencionado anteriormente”.

¿El ministro los ha recibido y ha escuchado su preocupación?

Desde junio de 2023 que el ministro no nos recibe y a ningún actor de la industria. Nos parece inadmisible confeccionar un reglamento sin las plataformas que son las que saben su operatoria.

¿Qué respuesta les da el Ministerio de Transportes?

Nos han derivado al Seremi. Hemos pedido más visibilidad con el ministro para colaborar con la transformación del reglamento a lo que se necesita.

¿Cuánto se podría encarecer el servicio en pasajes si se aplica este reglamento?

Las estimaciones están y lo que queremos es evitar eso. Si se pone en vigencia tal como está hoy, los conductores se reducen a casi el 50% y los precios se encarecerán. Pero no solo se encarecerán, sino que se sectoriza en las zonas en que tienen mayor disposición a pagar. Hay un impacto muy grande.

¿A cuánto podría llegar?

En casi dos veces.

¿Es decir, se podría duplicar el valor?

Dependiendo de ciertas condiciones, podría llegar a eso. Dependerá de la propuesta final del reglamento.

¿Es cierto que podría “elitizarse” y pasaría a funcionar sólo en Vitacura, Lo Barnechea Las Condes?

Creo que se darían dos efectos. El servicio sería más caro y por lo tanto se concentraría en zonas en donde hay mayor disposición a pagar, pero lo otro más importante es que hay ciertas personas que requieren de una y otra forma viajar y lo van a tener que hacer igual pagando demás. Eso nos parece una injusticia para su movilidad. Somos un complemento al transporte público.

¿Cree que hay una mirada ideológica sobre la industria en el reglamento?

Estamos próximos a cumplir 10 años en Chile y somos parte de una industria consolidada con múltiples actores, que paga impuestos significativos y que hasta hoy ha demostrado funcionar muy bien. El borrador del reglamento busca hacer retroceder esta industria hacia un modelo de movilidad que ya no existe y con el que no es posible pensar ninguna ciudad de Chile hoy.

Cuesta creer que en el contexto político y económico que tenemos hoy, el gobierno le ponga tantas trabas a una industria que tiene este impacto en el empleo y las ciudades.